La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez acusó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y su secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, pues alega un intento de desviar 32 millones de pesos destinados a la capacitación de mujeres. Según Arcos Velázquez, estos fondos estaban destinados al Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del cual ella era la presidenta.
En entrevistas con varios medios, Arcos Velázquez detalló que se sintió presionada para aceptar e implementar un esquema de desvío de fondos del organismo que presidía. “Ese recurso no puede ser utilizado como caja chica de los dirigentes priistas”, afirmó la diputada, a la par que resaltó que los fondos estaban auditados y bajo la supervisión del INE.
La denuncia presentada por la legisladora tamaulipeca se centra en la violencia política de género, alegando obstrucción de sus facultades como líder del organismo, especialmente en la gestión de un fondo del 3% destinado a la capacitación de mujeres en partidos políticos.
«Alejandro Moreno y su secretario de Finanzas me presionaron para buscar generar un esquema en donde ellos pudieran retornar la mitad de un recurso de 32 millones», expuso.
Arcos Velázquez presentó como evidencia un audio del 27 de junio de 2023 donde se escucha a Gutiérrez Arroyo proponerle aceptar cursos en línea a un costo menor y devolver la diferencia a la Secretaría de Finanzas.
«Ellos me pedían que me prestara yo para poder simular usar el recurso y ellos quedarse con la mitad del recurso», enfatizó la diputada en la entrevista con López-Dóriga.
La presión ejercida sobre Arcos Velázquez incluyó propuestas de impartir tres cursos en línea, cada uno con un valor supuesto de 11 millones de pesos. La diputada fue excluida de las actividades del partido, destituida de su cargo sin notificación formal y privada de sus funciones administrativas.
En diciembre pasado, Arcos fue destituida y le negaron la entrega recepción de su gestión. También enfrentó dificultades para acceder a una reunión con la Contraloría del PRI, donde entregó un vehículo y laptops, y fue requisada para confiscar cualquier dispositivo de grabación.
La diputada, preocupada por el destino del recurso asignado para la capacitación de mujeres, presentó una queja ante el área de Fiscalización del INE.
“El daño no fue únicamente a mí como dirigente, fue a las miles de mujeres que año con año tenían acceso a una escuela nacional de mujeres priistas, a actividades con instituciones de prestigio, y básicamente mi temor era que me involucraran en un tema de corrupción”, finalizó.
