Decenas de trabajadores de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusaron que miembros de Armot Seguridad Privada los han amenazado, luego que se les quitó el contrato por más de 469 millones de pesos para prestar el aseo durante este año.
“Ya no sabemos que hacer, se quedaron sin el contrato, pero nosotros no tenemos la culpa, solo venimos a hacer nuestro trabajo. Cada año nos adaptamos a la empresa que eligen como proveedora pero nunca nos imaginamos las presiones y amenazas que vendrían; nos dicen que tenemos que ayudarlos a recuperar el negocio, pero nosotros no tenemos que ver en esa decisión”, explicaron los afectados.
La noticia de la cancelación fue notificada hace unos días, tras la resolución a un recurso de inconformidad interpuesto por Gott und Glock, firma del ramo que aludió una serie de omisiones detectadas en la compra por invitación restringida IA-11-B00-01100001-N-6-2024.
Fue en enero pasado cuando la dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, a cargo de José Alonso García, declaró como ganadora a Armot Seguridad Privada, aun cuando otras concursantes cuestionaron requisitos como los plumeros con medida de 1.5 centímetros; o bien, los cortos tiempos para entregar las muestras de los productos a utilizar, ya que se enteraron de las peticiones el viernes 29 de diciembre después de las 9 de la noche y tuvieron que entregarlas ese martes 2 de enero.
Según refirieron los afanadores, Armot es manejada por José Juan Reyes Mote, quien tendría una estrecha relación con el secretario de Administración en el IPN, Javier Tapia Santoyo, quien a inicios de 2024 fue señalado por posibles actos de corrupción durante sus funciones en el ISSSTE.
Esta no es la primera vez que se vincula a Armot Seguridad Privada y Servicios con Reyes Mote, ya que una denuncia del colectivo Justicia Transversal Mexicana también la enlaza con el personaje, así como a razones sociales como Limpiacero y Distribuidora Yaab, con las cuales se coordinarían precios para simular competencia, por lo que se pidieron averiguaciones a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia capitalina.
